En las pasadas elecciones, los principales partidos candidatos a las alcaldías y a la gerencia de las autonomías incluyeron en sus propuestas actuaciones para mejorar la eficiencia energética. Semanas atrás el IDAE sorprendía al sector con las conclusiones de un estudio en el que se apuntaba que “ocho de cada diez edificios derrochan energía”.
Al clasificar el parque inmobiliario existente en clases: A, B, C, D, E, F o G, se ha observado por parte de los técnicos del Ministerio de Industria que un 84% de ellas pertenecen a las tres clasificaciones de eficiencia más bajas (E, F o G). Un hecho propiciado por el boom inmobiliario de los años 90 que estuvo regulado por una Norma Básica de Edificación de Condiciones Térmicas de los edificio (NBE-CT79), menos estricta desde el punto de vista del ahorro y de la eficiencia energética.