El futuro pasa por la rehabilitación energética

En las pasadas elecciones, los principales partidos candidatos a las alcaldías y a la gerencia de las autonomías incluyeron en sus propuestas actuaciones para mejorar la eficiencia energética. Semanas atrás el IDAE sorprendía al sector con las conclusiones de un estudio en el que se apuntaba que “ocho de cada diez edificios derrochan energía”.

Al clasificar el parque inmobiliario existente en clases: A, B, C, D, E, F o G, se ha observado por parte de los técnicos del Ministerio de Industria que un 84% de ellas pertenecen a las tres clasificaciones de eficiencia más bajas (E, F o G). Un hecho propiciado por el boom inmobiliario de los años 90 que estuvo regulado por una Norma Básica de Edificación de Condiciones Térmicas de los edificio (NBE-CT79), menos estricta desde el punto de vista del ahorro y de la eficiencia energética.

Según informa el diario El Mundo el pasado 25 de mayo, en España se habían realizado hasta el pasado mes de diciembre un total de 1,14 millones de exámenes energéticos. La inmensa mayoría sobre viviendas antiguas construidas antes de que entrara en vigor el nuevo Código Técnico.

Este motivo explicaría el suspenso de la inmensa mayoría de edificios. "El boom inmobiliario previo a la crisis se realizó con una normativa mucho menos exigente que la actual, sobre todo en lo que regula el aislamiento de los edificios" según apunta El Mundo en su información. Además, otros motivos que provocan tan baja puntuación es la falta de inversiones en instalaciones renovables como placas solares o calderas de biomasa, lo que explica los amplios márgenes que conseguían entonces constructores y promotores con una inversión más que ajustada.

Por otro lado, los certificados son solo obligatorios para inmuebles que se vayan a vender o alquilar, por lo que muchos propietarios no llevan a cabo grandes inversiones en viviendas al no prever amortizar las inversiones necesarias para rehabilitar con criterios de eficiencia. Por ello, de los 13.145 edificios nuevos que han sido evaluados hasta el momento, un 42% obtiene una calificación E o inferior y un 33% aprueba por poco al lograr un rango D.

Desde el sector público, este año, entra en vigor la obligación de pasar el examen energético a aquellos inmuebles públicos con una superficie útil de más de 250 m2, cuando hasta ahora la normativa actual sólo obligaba a evaluarse a los inmuebles de más de 500 m2.

Rehabilitar y conseguir unas condiciones óptimas de confort térmico gastando menos energía en los edificios es posible. Esos márgenes de construcción de hace una o dos décadas sin duda encarecerá el mantenimiento de inmuebles en los que haya que realizar inversiones en mejoras. Sin embargo, desde el concepto de barrios, ciudades y naciones más eficientes, el edificio es el protagonista y es lo que se debe mejorar de acuerdo con las técnicas y estrategias de rehabilitación y construcción de este comienzo de S.XXI y con un plano legislativo que lo incentive.