En muchos casos, las personas mayores se ven obligadas a abandonar su vivienda de "toda la vida" por múltiples razones: barreras arquitectónicas insalvables, dificultades en el manejo cotidiano, enfermedades prolongadas, etc. Este abandono, que se torna definitivo en la mayoría de los casos, resulta doloroso porque, además de dejar la vivienda también abandonan el barrio en el que se ha vivido con todas las relaciones que se han ido forjando a lo largo de los años.

Como ejemplo de las transposiciones de las Directivas Europeas para conseguir ciudades más eficientes, en sintonía con los intereses de los ciudadanos, destaca el caso práctico que está desarrollando el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como miembro de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI).

Quien ha vivido en una gran ciudad como Madrid conoce de primera mano la dureza de su clima. “Nueve meses de invierno y tres de infierno”, reza el refrán con más fuerza en estos días de ola de calor. Y no es para menos. Ocurre en los climas continentales y en muchas otras ciudades.

Igualmente por ello, quien ha vivido en un piso cuya fachada estaba orientada al sur o poniente ve incrementada la radiación recibida y sufre importantes incrementos de temperatura padecido sin duda con más rigor el calor estival.

Ante esta situación suelen plantearse dos soluciones.

El pasado mes de febrero tuvo lugar en Madrid, un encuentro de grandes empresas con sede en España, para compartir medidas de política ambiental y, a la vez, estudiar retos de sostenibilidad en el objetivo de cumplir la normativa de la Unión Europea.

Entre los grandes objetivos que se han marcado algunas de estas empresas, están el de reducir progresivamente las emisiones generadas en la fabricación de sus productos para llegar a reducirlas el 90% para 2050.

La ciudad de Gandía cuenta con 78.678 habitantes y una población flotante de 120.000 que en verano se ve, sin duda, incrementada debido al numeroso turismo que acude a sus playas. El Ayuntamiento de la ciudad levantina se comprometió hace un tiempo con el medioambiente y con sus ciudadanos en la reducción de sus impactos medioambientales y en la prestación de servicios de calidad a un coste óptimo. Sin embargo, la infraestructura con la que contaba era obsoleta, cara y generaba altas emisiones de CO2, al tratarse de tecnología de vapor de sodio, además de incrementar notablemente el consumo energético. El coste del alumbrado público en 2015 se estimaba en 1.736.808 euros y el consumo de energía en 8.951.246 Kwh.